¿Cuántas veces vemos una noticia y no tenemos ni idea de lo que nos están hablando? ¿Cuántas veces nos ocurre esto cuando alzamos la vista más allá del marco europeo?
Desgraciadamente más de lo que nos gustaría, y los medios de comunicación nacionales y europeos no nos ayudan a comprender lo que ocurre fuera de las fronteras occidentales. Sin embargo, eso no significa que no sea necesario conocer lo que sucede en el mundo, especialmente en América Latina, por todo el pasado cultural que nos une. Vivimos en la sociedad de la globalización y debemos prestar atención a lo que ocurre en otros continentes.
El 28 de abril Colombia vivió un hecho histórico, unas manifestaciones multitudinarias en plena pandemia. La clave de estas concentraciones fue la reforma fiscal que planteaba el gobierno de Iván Duque. La reforma buscaba aumentar la recaudación para cuadrar el déficit que había dejado la pandemia, pero parecía que no venía en el “momento más oportuno debido a las consecuencias sanitarias actuales”, según el expresidente Álvaro Uribe.
No obstante, no son las manifestaciones lo que llamó la atención y lo que debería alarmar al mundo entero, sino la violencia policial. La ONU lleva alertando desde el 2018, con la entrada a la presidencia de Duque, que el gobierno del Centro Democrático ha recurrido a un uso desmedido de la fuerza de la policía colombiana. La dinámica ya no es que la policía tuviera que defenderse o contener diferentes protestas o eventos, es que ejerció un papel activo como generador de violencia desde el comienzo de legislatura.
Durante la noche del 9 de septiembre del 2020 la policía atacó de manera indiscriminada a la población civil, acabando con la vida de 8 personas y con 248 heridos según ONU. En Soacha el 4 de septiembre incineraron vivas en el interior de una estación a 11 personas sin haber sido todavía judicializadas. A su vez el ejército colombiano ha llevado a cabo 6402 ejecuciones a civiles como mecanismos de presión y tráfico de influencias.
El quid de la cuestión es que el gobierno esconde un problema estructural que afecta al país, alegando que son casos particulares de policías y militares. Si a esto le sumamos la creación por parte del gobierno de Fake News y la criminalización de las víctimas, utilizando el actual debate de “seguridad nacional frente a derechos democráticos”, encontramos un panorama muy parecido al que hay en países europeos. No es un argumento muy diferente del utilizado en Francia por Marine Lepen y su quimera xenófoba antieuropea, y en España por Santiago Abascal y sus ataques a los inmigrantes provenientes de África al afirmar que generan “inseguridad”.
En cualquier caso, esta escalada violenta no tiene parangón, pero tampoco las respuestas de la ciudadanía. Y es que la sociedad colombiana está cansada de que su presidente incumpla todo lo pactado, y esta utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sólo implican la debilidad del propio gobierno, que cuenta con muy pocos respaldos políticos, teniendo sólo como sustento las alianzas burocráticas y las élites tradicionales. El presidente es consciente de la delicada situación en la que se encuentra y ha tenido que echar el freno a la reforma tributaria que provocaron las protestas, buscando una vía consensuada por parte de los actores políticos. El freno en lo económico también se ha traducido en el anuncio de una “transformación permanente”, en palabras del propio Duque, que buscaría enfocar a los cuerpos policiales hacia un respeto hacia los derechos humanos. Con todo, hay voces que todavía consideran que es insuficiente, como la de la congresista Juanita Goebertus del Partido Verde, que afirma que las medidas planteadas son “sólo cosméticas y no las realmente necesarias”.
¿Será suficiente este paso atrás para que el gobierno de Duque pueda finalizar la legislatura? ¿El siguiente legislativo hará una reflexión sobre la utilización de los cuerpos policiales y del ejército o seguirá adelante una verdadera reforma policial? Quizá es pronto para saberlo, pero lo que está claro es que lo que pasa en Colombia es un reflejo, una vez más, de la polarización política que azota a la política internacional, y por ello debemos prestar atención a la política del país.
Politóloga y analista política por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado dentro del área de comunicación del partido ecologista EQUO y actualmente está cursando sus estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Administración y Relaciones Internacionales, especializando su tésis en cuestiones relativas a la igualdad de género y movimientos políticos de extrema derecha.