Si se mira con detalle las subidas del SMI son una forma de recaudación de las arcas públicas. Según el informe «Impacto Fiscal de la Subida del Salario Mínimo Interprofesional» publicado por AEAT, CCOO y UGT en octubre de 2018, entre las medidas fiscales que se adoptaron para financiar la subida salarial está el incremento gradual en 2019 hasta alcanzar los 22 euros/hora en 2020 del Impuesto sobre Sociedades (IS) e Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), así como la recaudación procedente del IVA correspondiente a las prestaciones laborales.
A este respecto, conviene destacar que el aumento de los ingresos tributarios derivados de la subida salarial no se compensaron en buena medida con la disminución del gasto público (subidas contributivas a las prestaciones por desempleo y subsidios por incapacidad temporal, bonificaciones en la cuota patronal a la Seguridad Social, etc.), lo cual no redujeron el déficit público, sino que lo aumentaron.
Según el último informe de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), las personas autónomas cobran en torno al 60% menos que los trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido. De esta forma, la subida del SMI supone un mayor coste para este colectivo, ya que tendrán que pagar más por sus empleados. Además, según AFEDES ( Asociación Española de Franquiciados), el 75% de las PYMEs son franquicias, lo cual implica un incremento en el precio final para los consumidores finales. Por tanto, podríamos afirmar que esta medida es un impuesto que a parte de llenar más las arcas públicas encarecera los productos al consumidor final.
Formación específica en intervención social y gestor cultural. Con conocimientos sobre materia jurídica de la Unión Europea. Experiencia en la escritura de artículos como redactor en el «Diari del Vallès» y en Mediterranea Services, en el cual creo contenido para empresas.