La Delegación Permanente de la República Popular China en las Naciones Unidas celebraba, en 2016, el aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, las declaraciones del Consejero Yao no dejaron a nadie indiferente: «no todos los países tienen pueblos indígenas (…) debe haber una herencia de un pasado colonial (…) China no tiene pueblos indígenas».
Esta afirmación esclareció la debilidad de los compromisos de esta Declaración puesto que, la carencia de una definición de «pueblo indígena», dejó margen a China para justificar la falta de necesidad de aplicación en sus territorios por no haber sido país colonialista.
No ha sido hasta 2020 cuando la situación en Xinjiang, China, se ha puesto en el foco de la prensa internacional. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Google reveló unas imágenes en las que se encontraban Uigures en campos de detención en todo Xinjiang, así como la explotación laboral que ha sufrido esta minoría durante el Covid-19 para la producción de materiales sanitarios. A China no le faltó tiempo para excusar todas sus políticas bajo la necesidad de luchar contra el terrorismo y los extremismos que afloraban en ese territorio.
Tras décadas en silencio, por fin la Unión Europea, junto con Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, se ha sumado a denunciar lo que está viviendo la minoría Uigur y a sancionar a China por lo que ha sido denominado como “Genocidio Cultural”. Ha sido una decisión tomada por el Consejo de Ministros de Exteriores que, tras una reunión bajo el mando de Josep Borrell, han acusado a altos cargos chinos de violar los derechos humanos de la minoría musulmana.
Las amenazas de Pekín no tardaron en manifestarse afectando gravemente a las relaciones diplomáticas entre la Unión y China. Sin embargo, en el último año, no es la primera vez que la UE ha puesto en riesgo sus relaciones con potencias importantes. Este mecanismo de denuncia ya fue utilizado contra Rusia por el encarcelamiento de Alexéi Navalni.
Parece que la Unión Europea por fin se implanta como aquel protector de derechos humanos que una vez quiso ser. Eso sí, estos acontecimientos se están dando lugar sabiendo que la Unión depende del gas natural proveniente de Rusia y a la vista de la conclusión del gran acuerdo comercial con China recientemente.
Ante esto, nos queda preguntarnos, ¿qué debe prevalecer, los derechos humanos o las relaciones internacionales e intereses económicos?
Estudiante de Derecho de la Unión Europeo especializada en derecho societario, energético y medioambiental, Jefa de Logística en Bringing Europeans Together Association Spain y miembro del equipo de Ciudades Sostenibles en Equipo Europa. Actualmente haciendo prácticas en el Departamento Legal de Asesoría Legal y con la mirada puesta en las Energías Renovables y la Unión Europea.